¿Bandera blanca al régimen de La Habana?

Por: Jeovany Jimenez Vega.

Quienes propugnan la eliminación de los mecanismos de presión política a que permanece supeditado el Gobierno cubano –entiéndase básicamente el embargo estadounidense y la posición común europea– con frecuencia esgrimen como argumento fundamental el presunto clima de reformas emprendidas por Raúl Castro durante los últimos años. Se puede suponer que esta sobredimensionada expectativa tenga su origen en el profundo y sistemático inmovilismo que caracterizó todo el largo gobierno de Fidel Castro, porque el barbudo incorregible llegó a anquilosar el entramado social cubano de modo tan inmutable y absurdo, que habría sido imposible para cualquiera después de él hacer cualquier modificación sin que fuera percibida como un alivio.

Pero si aceptamos la obvia premisa de que desde 1959 en Cuba ha existido un único gobierno –pues ya se ha evidenciado que en esencia el mandato de Raúl, con todas sus edulcoraciones, no ha sido más que una prolongación del mandato de Fidel– podemos asumir también, con un grado sólido de certidumbre, que la psicología del régimen sigue siendo exactamente la misma. Esto nos conduce a un lógico cuestionamiento: ¿cabría esperarse que, en caso de ser levantadas aquellas sanciones, esta oligarquía verdeolivo por fin le concedería al pueblo cubano los esperados derechos contemplados en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos y Culturales, cuya ratificación e implementación La Habana mantiene como un tema pendiente desde febrero de 2008?

Los optimistas volverían sobre la idea de las reformas raulistas, pero quien haga un acercamiento más detenido a estas pretendidas “transformaciones” encontrará que realmente muy pocas han representado un giro práctico, beneficioso e inmediato en la vida de los cubanos de la isla. Pero obremos desde una muy buena fe –que la contraparte no se ha merecido– y aceptemos que entre estas medidas, algunas representaron un giro más drástico y positivo que otras: entre estas se encuentran la liberación del derecho de viajar al extranjero y la autorización a la compra y venta de viviendas entre personas naturales.

No podemos olvidar, sin embargo, que la reforma migratoria entrada en vigor desde enero de 2013, dispone que no se le permitirá viajar libremente a algunos profesionales “…en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada…”; ni podemos desdeñar que también establece como “…inadmisible…” para entrar al país a todo aquel acusado por el Gobierno cubano de “…Organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano…”, “…Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen…” y a todo aquel que el Gobierno considere que deba “…Tener prohibida su entrada al país, por estar declarado indeseable o expulsado.” Se hace más que evidente el amplio margen de maniobrabilidad que deja a los represores esta deliciosa herramienta de coacción. En cuanto a la autorización a la compra y venta de viviendas, recordemos que a esta ley se le acaba de endilgar recientemente una serie de molestas regulaciones en los precios a pactar que vuelven a inmiscuir la mano del gobierno donde no se le llamó –como para recordarnos que aquí las buenas nunca duran demasiado tiempo.

Ahora bien, una mirada al resto del paquete sí ya nos mostrará indudables signos que denuncian sospechosas aristas en estas pretendidas “reformas”. Porque es sumamente difícil aceptar la sinceridad de medidas como la “autorización” a la compra de autos usados a precios astronómicos; o el viciado enfoque impuesto a la gestión de cooperativas como las de transporte, por ejemplo, que deja a sus miembros (jamás dueños de sus medios de trabajo) con un nulo margen de autonomía; o la imposición al resto de los cuentapropistas de leoninas tarifas de precios e impuestos desmesurados y a la inexistencia de un mercado minorista que les abastezca de las más básicas materias primas; o todas las limitantes que hacen cada vez más evidente el fracaso de la política emprendida en el sector agrario, así como la negativa de liberar la gestión del sector ganadero mientras sacrificar y/o vender una vaca continúa siendo un pecado capital que en Cuba aún se paga hasta con 20 años de prisión. Estas son, entre otras muchas, evidencias actuales y premoniciones que ensombrecen nuestro panorama a corto y mediano plazo y ponen seriamente en entredicho la voluntad del Gobierno cubano para emprender los auténticos cambios que este país necesita.

Pero más grave aún que la inmutabilidad de estas “nimiedades” de corte económico, lo es la persistencia de la política represiva que sigue fomentando el dueto letal Partido Comunista-Seguridad del Estado: desde las oficinas del que continúa siendo el único partido legalmente reconocido, se traza la estrategia que luego en la calle ejecutarán los esbirros de la policía política. Hoy en Cuba persisten las detenciones arbitrarias y la más abyecta precariedad de las garantías procesales –hijas bastardas de la no división efectiva de poderes; continúan perpetrándose impunemente golpizas y mítines de repudio sin que ninguna autoridad se proyecte para evitarlas; se ordena a los sicarios acuchillar a líderes opositores y se reprime en plena calle a mujeres que no llevan más armas que gladiolos blancos; persiste una censura férrea y absoluta al pensamiento disidente mediante un absoluto monopolio sobre los medios de difusión y todos los tipos de prensa, y además se continúa vetando al pueblo el acceso efectivo a Internet cuando ya corre la segunda década del siglo XXI. Por consiguiente, podemos concluir que en Cuba los “cambios” que se han producido son insustanciales y epidérmicos, pura cosmética, nada que anuncie una apertura real a nada que huela ni remotamente a democracia.

Si al final esta generación verdeocre ya no está en capacidad de ofrecer nada diferente, sería más que lógico dudar de sus futuras buenas intenciones o de su capacidad para concebir un esquema de prosperidad real, y muchísimo menos si la fórmula para que así sea incluye que se aparten del camino. Es completamente cuestionable que estas “reformas” reflejen una sincera intención de abrirle las puertas al pueblo cubano a las potencialidades que ofrece hoy una economía globalizada. Es más coherente pensar que estemos ante simples maniobras dilatorias que sólo persiguen perpetuar a los mismos de siempre en el poder.

En caso de que la comunidad internacional, el pueblo cubano y la oposición interna decidieran dar su voto de confianza y ceder: ¿hasta qué punto esto ofrecería garantías de que luego serían ratificados e implementados los mencionados Pactos de DD.HH y que se produciría una apertura inmediata hacia la democracia? Aquí todo razonamiento lógico conduce a la conclusión de que esto nunca sucedería.

De revocarse ahora estas sanciones, sólo se traduciría esto en una oxigenación inmediata de todos los resortes del régimen, sin excluir, por supuesto, sus mecanismos represivos. No pasaría a ser el Gobierno cubano más eficiente desde el punto de vista económico sino que simplemente contaría con más recursos a su alcance para dilapidar y robar, para engordar aún más las millonarias cuentas ocultas de sus oligarcas en el extranjero, y hasta para enaltecer sus delirios de grandeza. Ya la fiera probó la sangre y no se detendrá ante nada. Un gobierno autocrático como el de los Castro, una vez liberado de estos instrumentos de presión política y con el tácito visto bueno que esto internacionalmente implicaría, jamás ratificaría los Pactos de DD. HH. sino que, al contrario, sería muy probable que se volcaría, con mayor saña que nunca, a reprimir el pensamiento disidente a una escala sin precedentes, pues lo haría desde una posición mucho más cómoda que antes.

Esta generación octogenaria que somete a sus caprichos los destinos de mi país, se encuentra definitivamente desfasada de las necesidades de mi pueblo. Ninguna propuesta original saldrá ya de sus empolvadas charreteras. Estos neoburgueses jamás considerarán una salida digna a la pobreza e inequidad en que nos han sumido, porque saben que eso significaría el fin de sus privilegios. Si algo nos enseña la Historia es que las concesiones desacertadas o hechas a destiempo, a la larga producen más daño que beneficio a los pueblos que por error las asumen, y nos enseña también que definitivamente hay gente que nunca cambia, y de esto es un excelente ejemplo la pléyade que hoy dirige este país según su veleidad testicular. Las tres décadas de maridaje con la extinta Unión Soviética evidenciaron que nunca fue el pueblo cubano el destinatario final de aquella riqueza; y si la Historia demostró que no lo fue entonces ¿por qué suponer que lo sería ahora, cuando se han acumulado más que nunca la indolencia y la corrupción gubernamental?

Extender este cheque en blanco al gobierno totalitario de La Habana, en este preciso instante en que se tambalea su media naranja de Caracas, sin haberse percibido la más leve señal de distención hacia la oposición interna ni al reconocimiento de nuestros derechos cívicos –pues los hechos más recientes orientan hacia todo lo contrario– y sin haber logrado ni siquiera la ratificación e implementación previa de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como de los Sociales y Culturales, sería una catástrofe en términos estratégicos para el pueblo cubano pues muy posiblemente retrasaría, durante varias décadas, la llegada tan sufrida de la democracia para la nación cubana.