Trabajo por cuenta propia: una clave para el fracaso.

Por Jeovany Jimenez Vega.

Siempre que se aborda el tema recuerdo la anécdota que me contó un amigo: era una mañana de marzo de 1968 y un tío suyo, dueño de un pequeño establecimiento de venta de frutas, lo abrió temprano. Aquel hombre laborioso tenía su historia; había comenzado recorriendo las largas calles de Artemisa para vender primero desde una carretilla, poco a poco fue mejorando aquel vehículo hasta que alquiló con el tiempo un portal y luego trasladó su venta a aquel pequeño local, que sólo después de muchos años y sacrificio familiar, fue suyo. Pero aquella fatídica mañana del 68, mientras se disponía a atender a sus clientes, se presentó en el umbral un oficial de verdeolivo armado de su respectivo portafolio. ¿Usted es el dueño?, preguntó. Sí, respondió él. ¿Puede salir, por favor?, dijo el oficial desde el portal. Cuando el dueño salió, el oficial atravesó el umbral y una vez dentro le dijo: este local acaba de ser intervenido por la Revolución… y eso fue todo. Mi amigo me cuenta que el ya exdueño no pudo ni siquiera recuperar una cadena, que junto a su anillo de matrimonio había dejado sobre la caja registradora para cargar algo minutos antes. Quedaba así despojado, a rajatabla como miles de cubanos más, de aquella pequeña empresa familiar que tantos años de desvelos le había costado. Me cuentan los viejos que pocos meses después de la entonces llamada “ofensiva revolucionaria” ya no era posible encontrar en la calle una croqueta frita.

En un reciente Estado de Sats el panel giró precisamente alrededor de la situación actual del trabajo por cuenta propia en Cuba, sector que ha tenido dinámicas diferentes según la etapa postrevolucionaria de que hablemos. Se recordó allí las fases del camino incierto atravesado por este sector hasta hoy. Muchos recordamos bajo qué circunstancias se estrenó “oficialmente” esta alterativa: en el apogeo del período especial fue la salida dada por el gobierno cubano, la válvula de escape usada para distender la extrema tensión alcanzada por la olla. En lo personal recuerdo el gran titular publicado entonces por Granma: “El trabajo por cuenta propia no es una solución coyuntural.” O sea, que aquello prometía ir en serio, pero el decursar de los primeros años pronto desmintió aquel enunciado y le dio inequívocos tintes de farsa: todos fuimos testigos de cómo el gobierno, en cuanto se sintió más confiado, comenzó a poner cuantas zancadillas pudo al desarrollo de este sector con limitaciones de todo tipo, diseñadas exclusivamente para que los cuentapropistas cejaran en su empresa, y en efecto, lograron que miles entregaran sus patentes ante la imposibilidad de continuar pagando las excesivas contribuciones exigidas, que no se proponían otra cosa que llevar a la bancarrota a cada uno de aquellos negocios familiares. Esto tenía, por supuesto un evidente trasfondo político: después de todo esa era la prueba definitiva y necesaria para demostrar que no había empresa privada que pudiera emular frente a la eficiencia inmaculada de la empresa socialista. Mientras esto sucedía, por otra parte el gobierno mantenía una rígida política de negar cada nueva solicitud de patente para la mayoría de las actividades durante la década siguiente. El resultado de esta política lo palpamos todos: sólo sobrevivieron aquellos cuya actividad era suficientemente lucrativa como para sufragar los estratosféricos precios en el mercado negro de sus materias primas y para garantizar el soborno de inspectores y policías, con toda la degradación moral que esto implicó para la sociedad en general y que arrastramos todavía.

Pues bien, ahora el gobierno asegura tener la voluntad política para que esta vez todo fluya diferente. Pero se advierten estigmas, unos sutiles, groseros otros, que alertan sobre las reales intenciones ocultas por el tono del discurso. Todavía se mantiene, por ejemplo, todo un cuerpo de legislaciones que da potestad a órganos como la Fiscalía General de la República a incoar un expediente contra alguien –que bien pudiera ser un productor agrícola o uno de estos nuevos cuentapropistas– quien sólo se entera de ello cuando queda despojado hasta de la ropa que lleva puesta; todavía persiste el obstáculo insalvable de los precios astronómicos de los artículos y materias primas imprescindibles para la mayoría de las actividades autorizadas –que generalmente son exigidas contra comprobante de compra– y que convierten cualquier intento de rentabilidad en un absurdo; todavía el Estado se erige como el único proveedor posible, algo que entra en franca contradicción con las modificaciones hechas a la política migratoria a principios del presente año, pues no se le permite al productor importar directamente sus insumos cuando le sea posible –como sucede en los casos “análogos” de China y Viet Nam, por ejemplo, por ponérsela fácil; todavía se pudren cosechas enteras en el campo debido a la inexcusable irresponsabilidad de la Empresa Nacional de Acopio, única entidad autorizada para ello por el gobierno debido al terror a los intermediarios y que jamás indemniza a nadie; todavía no se otorga verdadera autonomía a estas nuevas empresas, que continúan subordinadas de un modo absurdo a la inoperante empresa estatal –como es el caso de las cooperativas de transporte– y cuyos miembros tienen prohibido, por ley, llegar a ser dueños de los medios de producción, entre otros miles de detalles que escapan al que esto escribe.

En resumen, que tengo la impresión de que el momento actual no difiere en esencia de momentos pasados. Cuando quiebra un negocio, esto puede ser adjudicable a la mala gestión de su dueño, pero cuando se establece una tendencia masiva entonces, con toda seguridad, se trata de la inoperancia del esquema aplicado a nivel de país; no puede ser que los cubanos seamos tan pésimos administradores, sobre todo cuando arriesgamos en la empresa nuestro magro capital familiar. Quienes diseñan semejantes políticas entienden de matemáticas y a pesar de eso han instituido un esquema disfuncional, e insisten denodadamente sobre esa línea porque su objetivo final no es propiciar el éxito de estas “nanoempresas”, sino que es más bien impedir que la prosperidad llegue a nuestro hogar mediante un esquema de gestión que desmiente décadas de ineficacia e indolencia administrativa iniciadas en aquella mañana fatídica de marzo del 68. Ojalá me equivoque, pero mientras no cambien las coordenadas presiento que la actividad cuentapropista, la pequeña empresa familiar cubana, estará ante las claves exactas para un seguro fracaso.

Acerca de la golpiza a Ana Luisa Rubio: una reflexión obligada.

Por Jeovany Jimenez Vega.

Ana Luisa Rubio, actriz censurada y disidente habanera, recibió al final de la tarde del pasado viernes 6 de septiembre una golpiza frente a su casa que le provocó múltiples heridas contusas en el rostro, la cabeza y el resto del cuerpo. Pocos minutos después recibía yo, en Artemisa, su llamada telefónica: me llegó su voz aterrorizada que intentaba contarnos, pero que apenas atinaba a dar algún detalle. Ana Luisa recibió enseguida la solidaria visita de varios amigos y esa noche fue acompañada por Antonio Rodiles y su esposa Ailer al cuerpo de guardia del hospital Manuel Fajardo, donde recibió asistencia médica y le fue redactado el correspondiente certificado de lesiones. Ese mismo día quedaba hecha la pertinente denuncia ante la policía, por enésima vez, para levantar cargos contra los agresores.

Imposibilitado de viajar en aquel momento –el transporte a esa hora hacia La Habana es virtualmente inexistente– y como estuve de guardia durante 24 horas el sábado, sólo pude visitarla en la mañana del domingo. No fue hasta que constaté la amplia equimosis traumática alrededor de su ojo izquierdo, en la comisura labial de ese lado, aun edematosa, así como en otros lugares de su cuerpo, que me percaté de la envergadura de la agresión. Entonces Ana me contó que esa tarde algunos niños, señuelos inocentes, insistían en tocar sospechosa e insistentemente el timbre de su casa –lo cual, asegura, entraba en congruencia con toda una historia de provocaciones que viene sufriendo desde hace años, y que ha denunciado una docena de veces sin que las autoridades policiales hayan hecho nada– y que, al requerirlos, una vecina desproporcionadamente descompuesta se le abalanzó en zafarrancho de combate, acto seguido le secundó una desconocida y en segundos tuvo encima varios hombres, también desconocidos, que se sumaron a la golpiza. El modus operandi lo dice todo. Las imágenes hablan por sí solas. La impunidad que de seguro vendrá se encargará de confirmar todas las sospechas.

Ahora, la obligada reflexión de este cubano que no fue testigo presencial de estos hechos y que intenta analizar el asunto lo más objetivamente posible. Para no ponernos suspicaces: supongamos que se tratara del inaudito caso en que una vecina, auténticamente indignada, fuera secundada inexplicablemente con tanta saña por varios desconocidos, hombres y mujeres incluidos, ¿no estaríamos ante un caso de agresión contra la persona, reconocido como un delito en el Código Penal vigente y por tanto punible? Entonces ¿no deberían actuar enérgicamente las autoridades para hacer valer la ley, detener a la principal agresora –que vive a pocas puertas de Ana Luisa– y dilucidar culpables? Sinceramente, presiento que esa es una remotísima posibilidad si tomamos en cuenta que la agresión se consumó sobre una mujer que a pesar de su naturaleza vulnerable se ha atrevido a desafiar a un poder absoluto. Tengo la completa certeza de que si, en caso contrario, la agredida hubiera sido aquella “intransigente revolucionaria” sin importar razones ya estuviera Ana Luisa lista para sentencia. Pero en este caso sucede algo que no puede soslayarse: casualmente varios días antes –insisto, casualmente, para no ponerme demasiado suspicaz– en la tarde del pasado 24 de agosto, Ana había hecho un acto unipersonal y público de protesta en la Plaza de la Revolución y ya eso sí que explicaría muchas cosas.

Así lo veo: mientras sea este un país donde no exista división de poderes y la Fiscalía permita abusos semejantes; un país donde la autoridad policial, lejos de velar por la seguridad de la persona, se congenie en complicidad con los represores; mientras sea este un país sin una prensa comprometida, capaz de sumergirse en catarsis estériles, pero que jamás arriesga el dedo sobre la llaga ardiente; mientras la Seguridad del Estado y el Partido Comunista se arroguen la potestad de organizar los tristemente célebres mítines de repudio y las infames golpizas –denigrantes, no para las presuntas víctimas, sino para quienes las perpetran; mientras la libertad de opinión y de asociación nos sean constantemente vulnerados y el miedo corroa la dignidad del hombre; mientras haya cobardes capaces de ensañarse sobre el desamparo de mujeres como Ana Luisa nada, absolutamente nada en este sufrido país habrá cambiado.

La responsabilidad no retribuída.

Por Jeovany Jiménez Vega.

La historia circuló hace poco en Intranet: nada menos que a ocho años de prisión fue sancionada una doctora cubana recién graduada en Anestesiología, por la lamentable muerte de una paciente obstétrica. No conozco a la anestesióloga en cuestión ni estoy completamente permeado de los detalles del caso, pero de algunas verdades sí quedo convencido a priori por lo que del caso me llegó: no se ausentó de su puesto de trabajo, no dejó de intentar aquel procedimiento hasta el último minuto, no fue la que eludió asumir aquella responsabilidad, no falló en el proceder por indolencia o irresponsabilidad. Tampoco se trataba de una marginal lucrando en una esquina con mercancías de trasmano, ni una funcionaria acogida a los pingues beneficios de los circuitos gerenciales, aduanales ni hoteleros, ni de aquellos que dimanan de sujetar la sartén por el mango en este país. Nada se ganaba en aquella guardia esta joven, nada resolvía para aliviar la pesada carga de su hogar, nada que le reportara un beneficio a su familia, ningún alimento que llevar a la boca de sus hijos, si los tiene.

Es una norma universal la que dispone que el salario percibido por un individuo debe ser proporcional al esfuerzo que demandó su formación y, sobre todo, a la dosis de responsabilidad legal que asume cuando ejerce una determinada función. Pero en esta islita ese principio es definitivamente quebrantado: los profesionales en general, y particularmente los médicos, vivimos en medio de una dinámica caótica y absurda, trabajando por $25.oo USD al mes ante autoridades que no se sonrojan cuando nos venden un juguete de niño en cerca de $80.oo CUC, mientras una simple empleada de esa misma tienda, por sólo citar un pálido ejemplo, percibe cinco o diez veces nuestro salario mensual cuando saca su tajadita en propinas, adultera los precios, accede a todas las rebajas y gangas, mientras esta doctora y yo sólo llevamos a nuestro hogar, después de una jornada de trabajo o de una guardia descojonante, la buena gripe, la deshidratante diarrea –cólera incluido, por supuesto– o el riesgo de una tierna meningoencefalitis meningocóccica, y ese sería todo nuestro pago por asumir una altísima responsabilidad que el día menos pensado –no necesariamente por desidia o impericia, sino por lógico agotamiento físico y mental, o ¿por qué no? por entendible error humano– te puede poner entre rejas y por la que no percibimos ni remotamente lo que bien merecemos. Todo esto suena a burla y diera risa si no fuera algo tan serio. De nada le valieron a esta doctora sus pasados méritos, ni su afán de superación demostrado al terminar esta dificilísima especialidad, ni tampoco los cinco años como colaboradora de salud en Venezuela a la hora de hacer leña del árbol caído.

Aunque se respeta el dolor de la familia y no cuestiono su derecho a canalizar semejante pérdida hasta el último recurso, pues han sufrido un dolor de magnitudes insondables, también sería muy saludable, ante situaciones así, redirigir la mirada hacia aquellos que disponen las reglas del juego de forma tal que no nos garantizan, ni a esta doctora ni al resto de nuestros colegas, la manera de vivir en nuestro país con un mínimo de sosiego.

Fe de errata: Tercer párrafo, línea 12, donde dice “descojonante” debe decir descojonante.