“Ciudadano Cero” ofrece el testimonio de dos médicos cubanos que permanecieron inhabilitados durante más de 5 años para el ejercicio de la Medicina en Cuba por haber canalizado ante su Ministerio la opinión de 300 profesionales de la Salud Pública acerca de su salario. El Dr. Jeovany Jimenez Vega, administrador de este blog, autoriza y agradece la divulgación de toda opinión o artículo suyo publicado en el mismo.

Por curiosidad tengo delante y reviso la Resolución Ministerial 250 del Ministerio de Salud Pública, del 27 de septiembre de 2006, emitida el mismo día que las Resoluciones 248 y 249, que nos inhabilitaron en el ejercicio de la Medicina a quien escribe y al Dr. Rodolfo Martínez Vigoa respectivamente. La Resolución 250 entró en vigor en enero de 2007. Tuve la primera referencia sobre esta Resolución ese mismo mes, en medio de la vorágine de gestiones para contratar un abogado que interpusiera un recurso legal contra la injusticia recién cometida. Una persona muy bien enterada, especialista de una oficina nacional de asesoría, me informó que esta Resolución 250 se dictaba, entre otras cosas, para derogar ¡por fin! aquel engendro que fue la Resolución Ministerial 113, que regulaba la disciplina laboral en el sector de la Salud Pública desde el 6 de junio de 1989.

De aquella Resolución 113 recuerdo que su sola mención generaba reacciones con visos de terror, porque a pesar de la percepción abstracta que de ella se tenía – pues pocos conocían su letra – podía llegar a tener, sin embargo, consecuencias concretas y nefastas: sabíamos que equivalía a algo así como una ejecución sumaria por electrocución. Si te aplicaban la 113 todo estaba perdido, sólo quedaba rezar y encenderle dos velitas a Orula, porque la 113 era el dictado divino y ante ella el trabajador quedaba atado de pies y manos, a disposición de la divina providencia.

Esta draconiana regulación tenía varios aspectos francamente contrarios al Derecho entendido como principio de justicia – la mayoría no los puedo referir pues nunca tuve entre mis manos a la criatura – pero sí conozco los detalles esenciales que develan su fin último: disponía básicamente que cualquier sanción a un trabajador de la salud, sería impugnable únicamente ante la propia entidad administrativa del sector; dicho de otro modo, el trabajador víctima de una arbitrariedad, sólo podría reclamar – ¿rogarle, implorarle, suplicarle, humillarse…? – ante la propia administración que sancionaba, convertida así en juez y parte omnipotente. La Resolución 113 privaba al trabajador de la salud del derecho de interponer cualquier recurso legal ante un Tribunal o ninguna otra entidad fuera del Sistema de Nacional Salud para dirimir un conflicto con la administración, que siempre tenía la última palabra. Es difícil hallar un ejemplo más elocuente de indefensión. Como la barbarie es evidente, no me desgasto en comentarios. Aunque vale la pena añadir que esta disposición estuvo en vigor “oficialmente” desde 1989 hasta agosto de 1997, cuando fue derogada “simbólicamente” por el Decreto Ley No. 176, que en su disposición final segunda dejaba la Resolución 113 en vigor mientras no fuera sustituida por otra Resolución análoga, y eso no sucedió de modo efectivo hasta ¡10 años más tarde! una vez emitida la Resolución 250, en 2006. Evidentemente, no tenían demasiado apuro por desmontar la silla eléctrica.

En fin, hoy estoy ante la Resolución 250, emitida por el Dr. José Ramón Balaguer Cabrera. Leo tranquilamente hasta su Capítulo II, sobre el Principio de idoneidad demostrada, por el cual la administración se rige para decidir el empleo, permanencia o promoción de un trabajador en un puesto de trabajo. Pasea mi vista sin sobresaltos, hasta que doy con el inciso “h” que dispone, y cito: “mantener una conducta social adecuada, de forma que no se incurra en actos contrarios a los principios, normas o valores de carácter social, moral o humano de nuestra sociedad, que empañen el prestigio de la medicina cubana.”, y es ahí donde encuentro la trampa. Este último inciso – de un parecido fotográfico con el de la Resolución 8/1977 usado para inhabilitarme – exige, como condición para ser idóneo, acatar una serie de normas o valores que no se definen, cuya ambigüedad abre la boca de un saco donde cabrá todo.

Aquí doy click, cierro uno y se abre otro documento: el Reglamento General de Hospitales, emitido por la dirección del MINSAP en 2006, que pauta el comportamiento de los trabajadores y directivos, así como de pacientes y familiares, dentro de las instituciones hospitalarias cubanas. Algo llama la atención: antes de definir la serie de normas que regulan las atribuciones y funciones de cada parte, este Reglamento establece lo que considera los “… principales Valores que no deben faltar en los trabajadores y cuadros de la Salud.” Muy bien que los trabajadores detenten y defiendan los valores éticos, morales y patrióticos que decidan, en lo personal, defender, pero lo dispuesto aquí puede prestarse también a más de un tipo de lectura.

Se advierte rápidamente que antes de mencionarse valores como la responsabilidad y la profesionalidad – pilares supremos y universales que sustentan el ejercicio de la Medicina – se enumeran preceptos políticos como el compromiso con la ideología de la Revolución, la plena conformidad con la moral socialista y una conducta revolucionaria que se postula como sinónimo de la conducta médica y profesional, así como que establece una inequívoca analogía entre la ética médica y la moralidad revolucionaria. Y no es que una cosa esté reñida con la otra, pero esto abre la puerta a subjetivismos, emitidos con demasiada ligereza y que pueden derivar en decisiones arbitrarias. ¡Que me lo digan a mí! ¿Qué sino esto, motivó el nacimiento de Ciudadano Cero? Este es el peligro de semejante enfoque, pues este documento regulará la vida laboral de un conglomerado demasiado heterogéneo como para que alguien no se sienta amenazado por semejante advertencia sobre su puesto de trabajo.

Es cierto que se habla de deber y no de obligación, pero vale recordar casos como el mío y aún peores, humanas consecuencias de “deberes” tácitamente obligatorios, que terminaron bastando para expulsar a más de uno de su trabajo. ¿Acaso no bastó descontextualizar unas líneas del Por Cuanto tercero de la Resolución Ministerial No. 8 de 1977, para expulsarme del Sistema Nacional de Salud, pues alguien consideró que dirigirme a mi Ministro fue “… incompatible con la conducta que debe caracterizar a los profesionales y técnicos de la salud…”, porque se consideró mi conducta “…contraria a los principios, normas o valores, de carácter social, moral o humano, que genera nuestra sociedad…” y que fue “… lesiva al crédito y prestación que este organismo, por su función, debe mantener ante el pueblo al que está obligado a servir…”? ¿Acaso no es incompatible este enfoque con la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos, firmada por Cuba desde febrero de 2008 – sin ratificar aún – y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documentos cuyo espíritu preconiza la no exclusión por consideraciones políticas?

La continuidad es evidente: Dr. Gutiérrez Muñiz, Resolución No. 8, febrero de 1977, Dr. Balaguer Cabrera, Resolución 250, septiembre de 2006; dos ministros, treinta años de distancia, igual mecánica de pensamiento. No es raro entonces que la Resolución 113 privara por más de 17 años a los trabajadores de mi sector de su derecho a dirimir diferencias con la administración ante un Tribunal. Tampoco es raro que yo esté inhabilitado hace 5 años, mediante la Resolución dictada por un intocable, por el “delito” de opinar con sinceridad y respeto. No hay que olvidar que en este país, con o sin velitas, la palabra de un intocable siempre ha sido dictado divino.

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Comentarios en: "Reglamentos ¿laborales o políticos?" (1)

  1. […] prohibían masivamente a todos los cubanos viajar al extranjero; ya están derogadas también las resoluciones ministeriales del MINSAP que retenían a los profesionales de la salud durante al menos cinco años si querían viajar; […]

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