“Ciudadano Cero” ofrece el testimonio de dos médicos cubanos que permanecieron inhabilitados durante más de 5 años para el ejercicio de la Medicina en Cuba por haber canalizado ante su Ministerio la opinión de 300 profesionales de la Salud Pública acerca de su salario. El Dr. Jeovany Jimenez Vega, administrador de este blog, autoriza y agradece la divulgación de toda opinión o artículo suyo publicado en el mismo.

Dos leyes en Cuba.

Orlando Luis Pardo

Existen en Cuba dos leyes: la primera, escrita en tinta, la segunda, en frustración y dolor. La primera, un simbolismo que descansa sobre los papeles estériles, en la Constitución de la República y en los Códigos Legales que le cuelgan, que presuntamente atañe a todos los cubanos, sin distinción de ningún tipo, y en su espíritu romántico, teóricamente, nos iguala a todos en potestades y derechos; es la citada por ese ejército de grandes, medianos, pequeños y diminutos dirigentes, siempre en tono muy trascendental, como la culminación del sueño de los próceres, la de las primeras planas de Granma, la que ensalza los vibrantes discursos, la que pareciera tocarse con la mano desde la tribuna o el estrado, o desde el confort de las altas oficinas; la que jura que “…Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.”(*)

Pero existe una segunda ley, no escrita pero vinculante con la realidad; es la del abuso impune y despectivo, la del cómplice silencio de la autoridad que simula no enterarse de las atrocidades, la ley que aplasta a quien aspira a ejercer sus derechos como únicamente se pueden ejercer: de forma inconsulta y natural. Una ley que no está escrita, pero basta que el poder desde su cumbre frunza el ceño y todas las instituciones y aquellos trascendentales dirigentes se pliegan en el acto. Más sin embargo, se pliegan las sucursales del poder, pero se resiste el hombre libre.

Si sucede entonces que por haber ejercido el derecho arriba referido (*) dos médicos son privados de ejercer su profesión por algo que no hicieron – de lo cual tienen las pruebas – y luego su Sindicato los traiciona, ayuda a armar una mentira y empapela a sus propios afiliados; si estos trabajadores se dirigen más de una docena de veces a su Ministro sin recibir jamás una respuesta; si la Fiscalía General de la República hace la vista gorda ante la evidente inconsistencia de las acusaciones, que nada tienen que ver con la verdad de los hechos; si los culpables viven felizmente impunes: ¿cómo queda, sino patas arriba, la presunta legalidad de este país?

Lo más grave es que no se trata aquí de un atropello selectivo, del ensañamiento puntual de un oscuro funcionario contra dos trabajadores, pues de ser así no se contaran ya sobre nosotros cinco años de consentidas afrentas. Lo realmente grave es que persiste un Estado de No Derecho que propicia que injusticias así queden impunes, que le permite a alguien abusar de su poder en detrimento del derecho ajeno con la desfachatez más absoluta en cualquier lugar de Cuba, en cualquier momento y contra cualquier inocente. Quien así procede – igual quien lo permite – traiciona el legado de los próceres, traiciona a su pueblo y ensombrece el futuro de la patria.

Todo lo confirma: la ley “oficial” escrita quedó empolvada en el fondo del archivo, mientras la ley real campea por sus respetos, y como espada de Damocles, gravita amenazante sobre el pueblo de Cuba.

(*) Artículo 63 de la Constitución Socialista Cubana vigente.

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