“Ciudadano Cero” ofrece el testimonio de dos médicos cubanos que permanecieron inhabilitados durante más de 5 años para el ejercicio de la Medicina en Cuba por haber canalizado ante su Ministerio la opinión de 300 profesionales de la Salud Pública acerca de su salario. El Dr. Jeovany Jimenez Vega, administrador de este blog, autoriza y agradece la divulgación de toda opinión o artículo suyo publicado en el mismo.

La impunidad.

La impunidad es el caldo de cultivo preciso para que florezcan todos los vicios y pululen por doquier los gusanos de la desvergüenza y la inmoralidad. Bajo su sombra se pasean, seguras y altaneras, las bajas pasiones del hombre, que sin los límites precisos de la ley, desgraciadamente tiende a mostrarse como bestia. La impunidad es la condición esencial para que se entronice la injusticia. Donde quiera que triunfaron los truhanes y se posicionaron las mafias, búsquese infaliblemente a esta criatura astuta y camaleónica como culpable.

El pueblo cubano, hace más de medio siglo, creyó haber extirpado para siempre el cáncer de la impunidad que puede llegar a podrir todo el entramado social. ¡Nadie cometa el error de subestimar su poder! Pero lo que debió quedar en el pasado permaneció impunemente, valga la redundancia, entre nosotros. Así continuamos mi compañero el Dr. Rodolfo Martínez Vigoa y yo, aún inhabilitados (ver Resolución Ministerial 248) para el ejercicio de la Medicina en nuestro país por haber dirigido una carta a nuestro Ministro en 2005 para hablar de nuestro salario. Durante más de cuatro años hicimos llegar las pruebas que evidencian la burda mentira de que fuimos víctimas hasta todas las autoridades con potestad para derogar esta injusticia, pero siempre esta señora de que hablamos interpuso su mano invisible. A pesar de que el peso de la evidencia a nuestro favor es incontestable, nadie reaccionó (ver Médicos inhabilitados en la Habana). Así, el entonces Ministro de Salud Pública Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, quien se dio el lujo de desconocer la Carta de los 300 trabajadores en 2005, decidió tranquilamente no responder a ninguna de la decena de cartas que le enviáramos durante más de tres años sin que pasara absolutamente nada. El entonces Director Provincial de Salud de La Habana Dr. Wilfredo Lorenzo Felipe, también impune, está hoy manchando con su presencia las banderas de una pretendida solidaridad hacia otros pueblos, que musita entre dientes sin que se entere su corazón, y junto a su esposa, la entonces Decana de la Filial Oeste del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, Dra. Beatriz Torres Pérez, responsable de la arbitraria suspensión de mi Especialidad en Medicina Interna mediante la Resolución Decanal 14-06 ostenta la jefatura de la Misión Médica de Cuba en la República de Mali. Igualmente la Fiscalía General de la República se limitó, ignorando las evidencias que brotan de la sola lectura de los documentos que le fueran entregados, a comunicarnos que no hubo “violaciones de procedimiento” en este proceso contra nosotros. O sea, que el Departamento de “Protección de los Derechos Ciudadanos” de la Fiscalía, que no dispuso siquiera de 5 minutos para hablar con los ciudadanos que emitieron la queja contentándose con la versión de la instancia administrativa, no considera como una violación de procedimiento la falsa acusación, el falso testimonio, la adulteración de documentos, la difamación, la mentira a manos llenas, las amenazas, la coacción y el abuso de autoridad de que fuimos víctimas. La Respuesta de la Fiscalía que repite descarnadamente la mentira, por su tono tendiente a politizar el asunto pudiera confundirse tranquilamente con un acta del Partido Comunista de Cuba. Si esta fue la postura del presunto garante de la legalidad, está aquí de más referirme al silencio inexcusable que mantuvieron durante más de 4 años los Consejos de Estado y de Ministros, el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y por supuesto las dos últimas Direcciones del Ministerio de Salud Pública.

Es saberse apaciblemente amparados por la sombra de la impunidad, lo que permitió a estos funcionarios, cada cual según su turno y a su modo, mantenernos aún bajo este ultraje. Todos saben muy bien lo que hicieron. Todo pudiera resumirse en una palabra: PREVARICACIÓN, llevada a una escala institucional escandalosa. Que este sea el estado actual de cosas, confirma que el fantasma de la impunidad en Cuba no es, ni remotamente, un asunto del pasado, sino que todavía se pasea amenazante e impune, valga otra vez la redundancia, por todas las calles de mi patria.

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