“Ciudadano Cero” ofrece el testimonio de dos médicos cubanos que permanecieron inhabilitados durante más de 5 años para el ejercicio de la Medicina en Cuba por haber canalizado ante su Ministerio la opinión de 300 profesionales de la Salud Pública acerca de su salario. El Dr. Jeovany Jimenez Vega, administrador de este blog, autoriza y agradece la divulgación de toda opinión o artículo suyo publicado en el mismo.

La acera del parque


Estoy en el parque Martí, de Guanajay, pequeña ciudad de la recién estrenada Provincia de Artemisa -hasta diciembre pasado La Habana- al oeste de la capital. Hace unos años, justo donde estoy parado, se extendía un tramo de maltrecho césped, arruinado por el continuo paso de quienes hallaban así la vía más corta a su destino. Como tentaba el atajo, con los años se había hoyado la hierba marchita en un trillo reseco y desnudo, inevitable consecuencia de que allí donde debía pisar el pie camino al trabajo, a la juerga o al amor, nadie previera la necesidad de una acera. Entonces algún funcionario municipal, ofendido ante semejante irresponsabilidad pública decidió poner en orden las cosas tomando su propio atajo, apostó por la vía más corta, por la solución más inmediata y facilista: designó un inspector. ¡De este modo, mediante el escarmiento, la gente aprendería a cuidar de su parque!

Aquel inspector, atento y ceñudo, tuvo durante meses la difícil misión de apostarse vigilante durante horas en el banco que se ve al fondo, a la espera del infortunado que, empujado por la premura o la costumbre, pisara el trillo polvoriento para aplicarle ipso facto la respectiva multa. Pero como todo lo insensato trae consigo los días contados, aquello por supuesto no resultó, pues nadie puede vigilar a todos todo el tiempo. Y así las cosas, otro funcionario más lúcido (o acaso el mismo vencido por la evidencia de los hechos) tuvo entonces una idea más brillante y sensata: construyó una acera.

Cuba hoy necesita con premura menos inspectores y muchas más aceras prudentes y sensatas. He sido testigo de la persistencia, durante décadas, de leyes y regulaciones prohibitivas que siempre me causaron estupor, que son constante y masivamente violadas a vox populi. Dictadas hace 50 años, bajo circunstancias bien distintas, continúan en vigor hoy intactas, fosilizadas, cuando son otros los tiempos que corren y son otros Cuba, su gente y el mundo.

Ejemplos nos sobran: la prohibición a la compra y venta de vehículos automotores y de viviendas, como en su momento fueron las prohibiciones que convirtieron tácitamente en delito la posesión de un reproductor de video VHS, de DVD, un teléfono móvil o un ordenador, “despenalizados” hace apenas 2 años y que nunca dejaron de ser pasto del mercado negro, o aquellas que mantuvieron durante décadas el apartheid turístico para los cubanos en tierra propia y la prohibición absoluta a comprar, o ni si quiera a entrar, en determinados circuitos de tiendas elitistas. Junto a estas “nimiedades” se mantienen, entre otras, prohibiciones más oscuras y siniestras, como la que no me permite salir y entrar libremente a mi país y la que me niega terminantemente el acceso a la Internet ya en la segunda década del siglo XXI.

Lo acertado o no de una legislación se aprecia inequívocamente en sus consecuencias. Allí donde se dictó la regulación equivocada, innecesaria y contraproducente, sólo germinarán los frutos de la corrupción de los funcionarios mediante el soborno y la extorsión, el florecimiento de la ilegalidad y el deterioro de los valores éticos del hombre obligado a delinquir. Cuando, en uno de sus primeros discursos como presidente en 2007, Raúl Castro reconocía que cada prohibición absurda fomenta la ilegalidad, me alegré profundamente. ¡Parecía que al fin se percataba alguien de la necesidad de los cambios! Pero cuatro años más tarde parece que nadie tiene apuro en destrabar el dominó.

Nuestro Parlamento se ha rezagado con respecto a las necesidades de su pueblo y ha evidenciado consumadamente su actitud proclive al estatismo. Lejos de renovarse en sus propuestas parece congelado en los años 60. Lejos de dictar nuevas legislaciones que fomenten con realismo los espacios de la legalidad, se aferra a leyes obsoletas que han demostrado, durante décadas, una absoluta ineficiencia. El cuerpo legislativo está obligado a escudriñar la realidad para dictar leyes que se ajusten al pulso de su tiempo, debe ser un ente vivo y dinámico porque así es la sociedad de la que emana, una compleja colectividad en constante ajuste de sus horizontes que no esperará que se dicte la ley oportuna o que se revoque la obsoleta, primero volteará la espalda e irá naturalmente hacia la consumación de sus necesidades, vulnerando para ello cualquier mordaza legal. Es deber del Parlamento ampliar el marco de la legalidad para que la urdimbre social se transforme y respire, ajustando la ley a las necesidades del pueblo como una espada a su vaina. Únicamente así se consolidaría la auténtica y profunda reformación ética y estructural que necesita este país, para que todo no derive en momentáneos golpes de efecto o en resultados puramente cosméticos.

Decía el Rey de Saint-Exupéry: “La autoridad reposa, ante todo, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo tirarse al mar, hará la revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.” Para nuestro Martí todo el arte de la política está en prever. Prever que los pueblos se hacen de los hombres como son, no como deberían ser y en consonancia con ello obrar con realismo. Prever, como confirmó aquel funcionario en Guanajay, que quien apueste por construir aceras lúcidas y oportunas, no precisará jamás de reprimendas ni castigos. Ya lo aconsejó el Maestro: yerra pero consuela, que quien consuela nunca yerra.


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