Ábrete sésamo…
El viernes 20 de abril Ricardo Alarcón, Presidente del Parlamento cubano, en una entrevista con el diario digital World, del Huffingtonpost.com, reafirmó lo anunciado el año pasado por Raúl Castro: que Cuba pondrá en marcha “… una reforma migratoria radical y profunda en los próximos meses…” que eliminará restricciones que hemos tenido durante décadas los cubanos para viajar al exterior. Recordemos que hasta ahora para viajar al extranjero, los cubanos requieren un permiso de salida –al extorsivo costo de 150 dólares en el caso de EE.UU., por ejemplo– que se otorga por 30 días, prorrogable por 10 veces, luego de lo cual deben regresar o pierden el derecho a residir en su país.
Vigentes desde los albores del proceso revolucionario, las restricciones impuestas sobre los viajes de los cubanos hacia y desde el extranjero, han devenido en uno de los más graves estigmas arrastrados por este gobierno. Esta abusiva política ha sido la responsable de una incalculable dosis de sufrimiento para nuestro pueblo, pues ha separado durante décadas, y hasta definitivamente, a miles de familias.
Alarcón además asegura que “… existe también otra explicación a esas restricciones: la necesidad de proteger nuestro capital humano. La formación de médicos, técnicos, profesores, etc., cuesta muy caro al Estado cubano y Estados Unidos lo hace todo para privarnos de estas riquezas humanas”. Sustentada en la necesidad de evitar la fuga de cerebros, entre otros argumentos, esta política nos ha privado sistemáticamente de uno de los derechos más elementales del hombre: el derecho a su libre movimiento y a elegir dónde desea vivir. Pero a la hora de resolver este asunto, a nuestro gobierno le pareció mucho más simple retener por la fuerza a los profesionales que garantizarles un modo de sustento digno y esto, en términos médicos, sería el equivalente a amputarle el miembro a un paciente aquejado de linfangitis con lo cual es cierto, independientemente de las consecuencias, se “resolvería” su problema.
Alarcón dijo que la reforma favorecerá también a los cubanos emigrados que necesitan hasta hoy un permiso de ingreso, quienes no tienen ahora el mismo “perfil” que los que se marcharon en los primeros años. “Las cosas han cambiado mucho (…). Cerca de medio millón de cubanos instalados fuera de nuestras fronteras nos visitan cada año. La inmensa mayoría de la emigración cubana tiene una relación normal con su patria de origen…”, cuando nunca ha sido ni remotamente normal, sin embargo, la relación del Estado cubano con respecto a esa emigración. En cuanto al “perfil” de esos emigrados, el señor Alarcón sabe que eso cambió definitivamente después de aquella oleada del primer lustro revolucionario, constituida mayoritariamente por exbatistianos y oligarcas. Ya en tiempos de Camarioca, de los marielitos y del maleconazo de 1994, hacía mucho que la emigración cubana había sido suplantada por una maza como norma más joven, desesperada por haber perdido todas las expectativas en su país.
Alarcón también afirmó que “… la cuestión migratoria (…) siempre se ha usado como un arma de desestabilización contra Cuba desde 1959 y como un elemento de distorsión de la realidad cubana…”, y lo dice como si todo se tratara de un montaje más orquestado por los tanques pensantes yanquis, como si no fuera esta una auténtica aberración perpetrada sistemática y masivamente durante medio siglo por el Gobierno cubano contra la voluntad y el interés de su pueblo.
En este punto algunas preguntas se imponen: ¿por qué precisamente ahora y hasta dónde se atreverán a llegar? En círculos habaneros de pensamiento cuya opinión he podido sondear, se comenta que estas medidas pudieran estar orientadas previsoramente a abrir las puertas a una emigración cubana que hasta ahora se ha visto antinaturalmente excluida de invertir en su propio país de origen debido a la absurda política seguida por nuestro gobierno, que durante décadas ha preferido negociar con inversores extranjeros antes que ofrecer alguna oportunidad a sus propios emigrados ni a sus descendientes. Esta postura presumiblemente refleja un profundo temor a la influencia que pudieran ir ganando éstos dentro del entorno político interno. Si esto es o no consecuencia de la incertidumbre que hoy se cierne ante un Hugo Chávez cuya salud se percibe quebrantada a apenas unos meses de las inminentes elecciones venezolanas –pues perder este apoyo ahora sería letal– ya eso estará por ver, pero lo que sí no ofrecería demasiadas dudas es que esa emigración, aunque ávida de invertir en Cuba, pero con el traumático recuerdo de las expropiaciones del pasado, pudiera estar exigiendo una serie de garantías jurídicas que hagan segura esta vez sus inversiones, ante lo cual se impondría, primero que todo, cambiar radicalmente un status migratorio que hasta hoy les ha excluido por completo como ciudadanos cubanos.
Otra cara de la moneda convierte este momento en el más “oportuno” –para el Gobierno cubano– a la hora de tomar esta decisión, pues en caso de que al fin se decida a abrir las puertas de par en par, entonces serían las embajadas en La Habana las que posiblemente cierren las suyas y se muestren más reacias a expedir sus visados, amén de que acto seguido el Gobierno estadounidense derogaría la controvertida Ley de Ajuste Cubano. Aún así, quienes logren viajar finalmente, encontrarían en la mayoría de sus destinos un mundo sumido en la peor crisis económica desde el crack del 29 y que no ofrece en este momento demasiadas oportunidades a ningún recién llegado. Si a esto se le suma que a quien parte ya no le es confiscada su casa y puede dejar aquí hogar, familia e intereses concretos a los que regresar cando desee, entonces me atrevería a vaticinar que una vez producida una primera oleada de emigrados todo se estabilizaría en pocos años; en cambio las remesas aumentarían y la economía se oxigenaría considerablemente –en este sentido las inversiones de los emigrados, en caso de autorizarse, serían determinantes– y comenzaría este país a fluir de un modo mucho más natural.
Ahora bien, ¿hasta dónde se atreverán a llegar? ¿Se estará pensando ciertamente en grande o todo quedará entre medias tintas y cortapisas? Para que una reforma migratoria esté en hoy a la altura de lo que necesita el pueblo cubano, tienen que quedar atrás todos los rezagos de la política actual. Se impone entonces garantizar de modo inequívoco, mediante un oportuno cuerpo de leyes vinculantes, que todo ciudadano cubano pueda gozar de su derecho irrestricto a salir libremente de su país, e igual a entrar sin condicionamientos de ninguna índole incluidos, por supuesto, los de tipo político, por diferencias de opinión, con lo cual quedarían excluidos únicamente aquellos implicados en actos terroristas o que tengan pendiente cualquier deuda con la justicia, fuera de lo cual absolutamente ningún funcionario se atreva a vulnerar este derecho a un ciudadano cubano, pues sería emplazado jurídicamente ante un Tribunal Popular. Se precisa también, imperiosamente, eliminar para siempre la ominosa figura de “salida definitiva”, un engendro que ha desarraigado a generaciones enteras de cubanos, así como las polémicas “cartas de invitación” y por supuesto, se desprende por su propio peso, el odiadísimo permiso de salida o “carta blanca” que ya no pintaría nada en este entierro.
Pero un punto no puedo dejar de obviarse en este asunto por ser uno de los matices más controvertidos del tema, y es la solución que se le dará al problema de la liberación que están obligados a solicitar los trabajadores de mi sector en caso de desear salir definitiva o temporalmente del país. ¿Cómo olvidar a esos miles de excooperantes del sector de la Salud Pública cubana, que agobiados por un salario espurio y las penosas condiciones de vida, y no encontrando en absoluto otro medio de emigrar, decidieron abandonar alguna misión de trabajo y por eso reciben el sumario status de desertores y son condenados al destierro, no permitiéndoseles entrar a su propio país al menos durante 10 años? ¿Alguien se atrevería a catalogar de normal la relación con estos emigrados ante un tratamiento tan atroz? Sin ninguna duda, se puede asegurar los trabajadores del sector de la Salud Pública cubana hemos recibido el trato más denigrante en esta historia y hoy nuestro gobierno tiene la oportunidad de redimir su postura; esperemos que se obre con sabiduría.
Cualquier salida que en este momento se pretenda dar al asunto migratorio y no contemple de una vez todas las garantías a nuestro derecho de viajar, atentaría contra la libertad del pueblo cubano, y por lo tanto, contra la prosperidad de la patria.



