“Ciudadano Cero” ofrece el testimonio de dos médicos cubanos que permanecieron inhabilitados durante más de 5 años para el ejercicio de la Medicina en Cuba por haber canalizado ante su Ministerio la opinión de 300 profesionales de la Salud Pública acerca de su salario. El Dr. Jeovany Jimenez Vega, quien administra este blog, autoriza y agradece la divulgación, por cualquier medio posible, de toda opinión o artículo suyo publicado en el mismo.

Foto: Luis Orlando PardoFoto: Orlando Luis Pardo

Por: Jeovany Jimenez Vega.

Desde los primeros años del proceso revolucionario cubano iniciado en 1959, se perfiló cada vez más la tendencia de las disposiciones estatales a regular la vida del individuo. Hay un grupo de pequeñas y no tan pequeñas cosas sobre las que varias generaciones de cubanos nunca pudimos elegir. Así, nuestro gobierno dispuso por el individuo asuntos aparentemente triviales como, por ejemplo, que los niños recibirían 3 juguetes una vez al año o que la navidad dejaría de celebrarse y así fue durante décadas. Pero además, organizó un único Sistema de Educación centralizado y esto, definitivamente, deja de ser un asunto trivial pues no toma en cuenta el derecho de los padres a elegir qué tipo de educación recibirán sus hijos. Decidió, por ejemplo, que mi generación cursaría el preuniversitario en un Instituto rural, estudiando media jornada y trabajando en la agricultura media jornada diaria y así lo hicimos. Años después, siendo ya un trabajador de la Salud Pública, sobrevino la ominosa Resolución 54 mediante la cual, por no perder la costumbre, nuestro Ministro dispuso de la vida personal de todos sus subordinados, que así no pueden salir al extranjero, ni siquiera de modo temporal, sin antes ser retenidos por él durante 5 años.

Aquella vocación por administrarnos la vida llega a tener ribetes enfermizos. El Estado decide asuntos tan diversos como aquello que podemos o no comer, qué tipo de carne es lícita o ilícita y si la cocinamos con gas licuado, electricidad o keroseno, hasta qué edad tomarán leche nuestros niños o quién estará autorizado a comprar un auto. Hasta hace apenas 3 años, disponía incluso quien podía entrar al país un reproductor de VHS, de DVD o una computadora personal, que sólo fueron “despenalizados”, mediante Resolución del Ministerio de Comercio Interior, en marzo de 2008. Recuerdo a cierto profesor emérito, toda una referencia regional en su especialidad médica, tratando de contactar desesperadamente al Ministro ¡para que le autorizara a entrar un reproductor de DVD retenido por la aduana! Desgastarse en ridiculeces semejantes, tal vez fue la causa por la que el entonces Ministro Dr. José Ramón Balaguer, no dispuso de tiempo para responder aquella solicitud de 300 trabajadores en noviembre de 2005, ni para revertir a tiempo las pésimas condiciones imperantes en el Hospital Psiquiátrico de la Habana que costaron la vida a decenas de pacientes durante el antepasado invierno.

Junto a regulaciones aparentemente insulsas, salvo porque evidencian la naturaleza mezquina de quien las dicta, coexisten prohibiciones mucho más graves, que limitan seriamente la autonomía individual y son profundamente violatorias de los derechos inherentes al ser humano. Por ejemplo, nuestro gobierno reconoce una única manera de expresión “legal”, o sea, a través de las instituciones u organizaciones de masas que ha facultado para ello, fuera de las cuales todo intento de expresión es sistemáticamente ignorado o reprimido, con lo cual viola nuestro derecho a la libre expresión de pensamiento y a la libertad de reunión. Estos castigos no se contemplan en ningún código escrito, pero son tácitamente acatados por todas las instituciones estatales, incluida la Fiscalía General, de lo cual yo mismo soy un vivo ejemplo (ver Médicos inhabilitados en la Habana). Dispone también nuestro gobierno de facultad discrecional absoluta para autorizar o no al ciudadano a viajar al extranjero y de autorizar o no su regreso a Cuba, un poderoso mecanismo de coacción masivamente usado contra su pueblo y con lo cual viola nuestro derecho a viajar libremente. En décadas pasadas se llegó al punto de boicotear las relaciones de quien vive en Cuba con su familiar emigrado, prohibiéndole, por consideraciones políticas, aceptar de aquel una visita o una llamada telefónica. Hoy persiste en Cuba la prohibición de acceder libremente a la Internet, que unida a una férrea censura de prensa, viola nuestro derecho a obtener personalmente información de primera mano.

En fin, que en su afán de mantener el latón con tapa, nuestro gobierno ha ido demasiado lejos irrumpiendo grotescamente en la intimidad de la persona. Mientras tanto, firma Pactos Internacionales que reconocen estos derechos para luego no cumplirlos, mientras ostenta, flamante, la actual vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¡Pero no se asombre de nada, es que así somos de controvertidos y pintorescos los cubanos!

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